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"Una cosa es favorecer la libre competencia y otra, 'un brindis al sol'"

¿Cómo puede afectar la llegada de un licitador externo a Extremadura al Transporte Sanitario de la comunidad autónoma, en general, y a las empresas que llevan décadas gestionando este servicio en la región, en particular?

Desgraciadamente todo nos hace pensar que va afectar muy negativamente, en primer lugar a los pacientes y usuarios del servicio, que sufrirán las consecuencias de la pérdida de calidad del servicio. Esta creencia se basa en dos premisas elementales. La primera es que “nadie da duros a cuatro pesetas”. Ya por todos es conocido que este concurso se adjudicó por casi 18 millones de euros por debajo del precio de licitación; casi 5 millones menos al año del precio pagado actualmente por el servicio con más prestaciones que el actual. La segunda premisa a la que aludimos es que el Consorcio de Transporte Sanitario de Extremadura lleva décadas prestando este servicio en Extremadura y eso nos ha permitido durante muchos años dar un trato muy personalizado a los pacientes, teniendo, al mismo tiempo, un conocimiento más que pormenorizado de nuestra Comunidad Autónoma, que tiene unas características muy particulares con relación a la densidad de población, dispersión geográfica, centros sanitarios, etc., y que, desde luego, nada tienen que ver con las características de un núcleo de población como Sevilla.

Entiendo que dadas las condiciones en que ha sido adjudicado este concurso, los trabajadores del sector serán otro de los colectivos que van sufrir la llegada de la nueva empresa. Como ya hemos dicho desde el Consorcio y también lo han dicho otras organizaciones, con el precio de adjudicación no hay dinero suficiente para pagar, atendiendo al más estricto cumplimiento del convenio en términos de salarios y organización, a los más de 1.100 trabajadores necesarios para cubrir este servicio.
Además, las condiciones de subrogación y sobre todo el tiempo que las mismas puedan ser mantenidas, se encuentran dentro de un marco legislativo muy vago y no nos cabe ninguna duda de que el nuevo adjudicatario –teniendo en cuenta la legislación actual en vigor en materia laboral- tratará de obtener beneficio reduciendo costes laborales.

Por otro lado, tampoco debemos olvidar que para los trabajadores va a suponer un importante sobreesfuerzo adaptarse a otro modelo de gestión y de trabajo después de tantos años haciendo las cosas de una manera determinada. Todo esto traerá un clima de malestar social que terminará perjudicando igualmente a muchos de los ciudadanos extremeños.

Las empresas del Consorcio están preparando su final de la manera más honrosa posible, acompañadas en el duelo por otras tantas empresas extremeñas, así como proveedores de las Empresa del Consorcio que, de forma indirecta –unas más que otras- también salen perjudicadas de esta lamentable situación.

Estas heridas de muerte y todo el esfuerzo que durante todos estos años hemos realizado en desarrollar un Transporte Sanitario de la máxima calidad, pensando siempre en los pacientes, invirtiendo en la mejora constante de las ambulancias con su equipamiento, en la formación del personal, en nuevas tecnologías, manteniendo un trato afable y muy tolerante con el Gobierno de Extremadura, habrá sido en vano y caerá en saco roto por la falta de previsión, incapacidad de gestión y arrogancia del Gobierno de Extremadura.

¿Constituye esta adjudicación un retroceso en todo lo que durante estos años se había conseguido en el sector del transporte sanitario en Extremadura?

Sin lugar a dudas. Como ya hemos apuntado en las líneas anteriores, durante todos estos años hemos invertido mucho y esto se había traducido en una profesionalización muy importante del sector en beneficio del paciente. En absoluto podíamos suponer un final así en este momento.

¿Por qué, a su juicio, en estos últimos años se está primando las adjudicaciones a la baja de un servicio tan importante como es el del transporte sanitario?

Es innegable que las Comunidades Autónomas tienen, por un lado, una necesidad imperiosa de controlar el déficit y, por otro, serias dificultades a la hora de financiar sus presupuestos por diversos motivos que no vienen al caso. Nuestra propia Comunidad Autónoma, al igual que otras, esta intervenida por el Estado.

Más allá de que el control del déficit en una región como la nuestra sea una cuestión compleja por motivos tan diversos como la natalidad, la emigración y el envejecimiento de la población, por todos es sabido que los dos grandes capítulos del gasto público son la Sanidad y la Educación, por lo que algunos piensan que si se puede ahorrar de algún sitio es de ahí, sin valorar otras opciones. A pesar de ello, lo que es todavía peor es que no se valoran las nefastas consecuencias que, a largo plazo, puede tener este tipo de medidas en nuestro Estado de Derecho, generando, entre otras cuestiones, la aparición de más diferencias sociales y menor calidad en temas tan vitales e importantes como son la Salud y la Educación, respectivamente.

Además, las políticas de competencia feroz de ciertas empresas del sector se lo están poniendo muy fácil a la Administración, bajando las licitaciones los precios ofertados por debajo de los costes, con resultados nefastos para el resto de las empresas, de los trabajadores y para la calidad en el servicio dado.

¿Hablamos claramente de una mercantilización de la sanidad y de una subasta de la salud de los ciudadanos?

Sin lugar a dudas. Habría otras maneras de hacer las cosas y no se utilizan las herramientas. Lo que es totalmente irreal es pensar que se puede hacer más por menos y no pagar las consecuencias.

Una vez que la adjudicación del concurso ya es una realidad en firme, ¿le queda algo por hacer al Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario?

Sinceramente, a parte de la vía jurídica, poco más podemos hacer. Más allá de lo que hemos comentado con anterioridad y como consecuencia de tener que hacer frente a la venta de las casi 500 ambulancias y de los activos de la empresa, estamos analizando la posibilidad de poder hacer algo fuera de nuestra tierra, pero lo poco que hemos podido estudiar de otros concursos que están actualmente en fase de licitación –son muy pocos-, a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno de Extremadura, en otras Comunidades Autónomas, dentro de la más absoluta legalidad, se cuidan muy mucho de no ponérselo fácil al que llega de fuera y no conoce ni el servicio, ni la zona, pues es obvio que todos los servicios no son iguales, aunque se llamen igual y mucho menos las zonas geográficas.

Como apuntábamos antes, ahora solo nos queda seguir trabajando hasta que podamos para tratar de terminar dignamente y que el tiempo coloque a cada uno en su sitio.

¿Hay alguna posibilidad de que el concurso vuelva a vuestras manos?

Ahora no. Salvo que el nuevo adjudicatario se lo piense bien y diga que no, pero visto lo visto hasta hora, esto es improbable. De todas formas nosotros ya pusimos un recurso a los pliegos por la inviabilidad del presupuesto. Por ello, si el servicio volviera a nuestras manos, habría que hacer las cosas de manera muy diferente, que es como la Administración quiere que se haga y no sé si seríamos capaces. Llevamos años creciendo en el sentido que hemos creído que debíamos hacerlo y nos costaría hacer la prestación de otra manera. No cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal, y esto no parece habérselo planteado la Administración

En el caso de que esto no pasara, ¿y si un día la justicia acaba dándoles la razón? ¿Qué piensa al respecto?

Ser tarde. Más allá de la recompensa moral, la verdad es que nos daría mucha tristeza porque la muerte de estas siete empresas que forman el Consorcio habría sido en vano. Hay cosas que el dinero no compra. Está siendo tanto el sufrimiento y lo que nos queda por ver, que esto no está pagado con dinero.

¿Cree que puede tener algún interés en cambiar el adjudicatario la Junta de Extremadura y por eso se ha convocado el concurso público?

El concurso ha sido convocado porque ya estábamos en periodo de prórroga por interés público; ahora bien, lo que nosotros sí podemos decir, y así lo dijimos cuando vimos los pliegos y nos reiteramos en ello, es que por un cúmulo de circunstancias ya no era grata nuestra presencia. De hecho, hay declaraciones públicas realizadas por distintos miembros del Gobierno de Extremadura que lo corroboran.

La redacción de los Pliegos ha sido a puro precio. Desde ese momento nuestras opciones desaparecían. Hay concursos que son legales y transparentes, y puntúan planes operativos, mantenimiento de vehículos, planes de trazados de rutas etc., protegiendo, en definitiva, el mantenimiento de la calidad del servicio porque aseguran que el adjudicatario está preparado para poderlo abordar. En este concurso todo se demuestra tras la adjudicación. Una cosa es favorecer la libre competencia y otra, “un brindis al sol”.

¿Es la primera vez que ocurren casos como éste en la Junta de Extremadura?

No. Que nosotros sepamos también ha tenido lugar últimamente en Concursos de Limpieza, con los que está habiendo muchos problemas, y con Concursos de Producciones Audiovisuales para Canal Extremadura, en los que, parece ser que casualmente, también están siendo adjudicatarias algunas empresas de Sevilla. 

¿Cuál es la situación a la que van a tener que hacer frente los trabajadores del Transporte Sanitario en Extremadura a partir de ahora?

Ya lo comentábamos al principio. En resumen, hablamos de una situación marcada por una subrogación indeterminada, unas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y/o extinciones de contratos para hacer rentable económicamente el concurso, así como un sobreesfuerzo para adaptarse a un nuevo modelo de gestión y de trabajo diferente después de tantos años haciéndolo de una manera determinada.

¿Qué considera que adolece en el transporte sanitario en Extremadura con relación al existente en otras comunidades autónomas?

Creemos que ha adolecido durante muchos años de un presupuesto digno en relación con otras Comunidades Autónomas. Para nada valen las comparaciones simplistas del presupuesto por habitante, que no tienen en cuenta la dispersión geográfica y el número de kilómetros cuadrados que la misma posee y que ha supuesto en estos últimos años un agotamiento financiero importante para las empresas y la imposibilidad de abordar un Convenio Colectivo Regional adaptado a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.

Como crítica interna, y consecuencia de ser siete las empresas que forman el Consorcio, quizás exista una cierta falta de criterios más homogéneos en lo referido a Políticas y Estrategias de Empresas y además dado el carácter de empresas de economía social de algunas de ellas, que hasta hace poco eran cooperativas, una profesionalización en la gestión de las mismas, que sin lugar a dudas ha llevado a algunas de ellas a cometer algunos errores en este ámbito y especialmente en lo referido al tema de personal. Con relación a este tema, lo que sí queremos dejar claro es que estos errores no han sido de la dimensión que han querido darle y han motivado las correspondientes Inspecciones de Trabajo detrás de las que estaba el propio Gobierno de Extremadura, según palabras públicas del propio Gerente del SES y castigadas con las correspondientes sanciones, por lo que consideramos con creces pagados dichos errores, pero que en ningún caso han dado lugar a la merma de la Calidad del servicio a los pacientes, cuyo mantenimiento ha sido la premisa absoluta de la organización.

¿Cómo cree que puede afectar al futuro del sector en Extremadura lo acontecido? ¿Podría ser el punto de partida de una estigmatización del sector?

El Sector de Transporte Sanitario en Extremadura, prácticamente ya no existe. Nos quedan unos pocos meses de vida. Por lo tanto, el sector, desde el punto de vista de las empresas, ya está muerto.

Creemos que el sector ya lleva años estigmatizado y es muy importante el número de empresas que lo integraban que han desaparecido en los últimos años en pro de unas pocas compañías muy grandes que cuentan con los conocidos fondos de inversión o fondos de capital riesgo entre su accionariado y que tienen como objetivo único, rentabilizar su inversión vía maximización de beneficios y no la generación de un tejido empresarial más profesional que pueda generar riqueza para todos: para la empresa, para los trabajadores y para la sociedad en general. Con este tipo de empresas se favorece el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de unos muchos.

¿Qué tiene que decir a los que los han acusado de que querían un concurso a dedo, diseñado a su medida para que fuesen ustedes los adjudicatarios nuevamente?

A estas alturas poco más podemos decir que no hayamos dicho ya. Pero por dejarlo muy claro, nosotros nunca hemos querido eso; es más, el único que ha hablado de Concursos Públicos dentro de la más absoluta legalidad para ayudar a las empresas Extremeñas ha sido el Presidente del Gobierno de Extremadura y sus declaraciones son conocidas por todos los extremeños. Sólo pedíamos que en un servicio como éste, en una región de las características de la nuestra, se diseñara un concurso que dentro de la legalidad, permitiera la adjudicación a la mejor oferta, no a la más barata.

Además, el mismo Presidente de Extremadura decía hace muy poquito tiempo que cuando se adjudica un contrato de las Administraciones Públicas a un licitador con una bajada importante en el precio, dicha bajada repercute de manera directa, en primer lugar, en el trabajado, y después en la calidad del servicio. Ahora bien, tal y como hemos comentado antes, eso no se ha hecho en este concurso pudiéndose haber hecho dentro de la más absoluta legalidad, como se ha hecho y se hace en otras Comunidades Autónomas y concretamente se ha llevado a cabo en la provincia de Sevilla y, que además, emana de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español. Dichas directivas marcan claramente una doctrina en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas, incluyendo aspectos como la calidad, la accesibilidad para los usuarios, la innovación, la organización, la cualificación y un largo etcétera de criterios orientados a garantizar el contrato a la oferta más ventajosa en términos cuantitativos pero también cualitativos. Se trata del famoso sobre 2 que debería haber contenido documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor. En este punto debemos decir que el Gerente del SES, Ceciliano Franco, que compareció públicamente en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura, apuntó a este respecto: “para gustos los colores”; o algo que para lo que nuestros abuelos hubieran dicho: “esto son lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas”.

Como ya hemos comentado antes, lo que sí podemos decir es que el Gobierno de Extremadura no ha sido responsable protegiendo los intereses no solo de las empresas extremeñas, sino del sector del transporte sanitario de nuestra Comunidad. Con ello ha provocado la desaparición de siete empresas avaladas por muchos años de trabajo e insertas en un tejido empresarial empobrecido y deteriorado como es el del Extremadura, dejando en interrogación el futuro del Transporte Sanitario para los próximos años, ya que no es complicado predecir –y ojalá nos equivocáramos- graves perjuicios a los trabajadores y a los usuarios del servicio de ambulancias, en particular, y a muchos extremeños, en general.

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