El Grupo SSG, como una de las principales compañías del sector del transporte sanitario a nivel nacional, ve de forma positiva la noticia que hacía pública la ministra Ana Mato en la que renuncia al copago sanitario en transporte sanitario no urgente.
El ministerio pretendía cobrar cinco euros por cada trayecto en ambulancia (con límite mensual en función de la renta) de pacientes que, por ejemplo, acuden a diálisis o a rehabilitación; no en caso de transporte urgente. Un informe del Consejo de Estado, fechado en noviembre pasado, pero conocido la semana pasada, pone en duda el ahorro que Sanidad espera conseguircon la medida. Básicamente dice que el coste de poner en marcha un sistema de cobro a los pacientes puede ser incluso mayor que lo que se recaude.
No sólo afectaba esta medida al transporte sanitario no urgente, sino que también se planteó el copago en las prótesis (desde sillas de ruedas hasta bastones o implantes) y el de los dietoterápicos, productos especiales que consumen enfermos con trastornos metabólicos complejos o que necesitan nutrición entera.
La ministra ha destacado que la situación económica ha mejorado en el último año y que “los esfuerzos hechos por los ciudadanos están dando sus frutos” por lo que “ahora las administraciones tienen que seguir poniendo en marcha medidas de eficiencia”. En suma, ha asegurado que “no vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos”.
Las conclusiones a las que ha llegado el Consejo de Estado en su informe, y que ha motivado la reacción del ministerio, coinciden y están en línea con la postura y criterios mantenidos y defendidos por Grupo SSG en torno a esta cuestión a través de la patronal del sector, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (AGETRANS).
Más aún, teniendo en cuenta que Grupo SSG toma como referente en la definición del servicio las necesidades y expectativas de los usuarios y profesionales sanitarios, considera que la nueva posición del ministerio es lógica y acertada.
