Los trabajadores de la sanidad privada, más jóvenes que los de la pública
El envejecimiento en sanidad no se da de la misma forma en el sector público que en el privado, tal y como se evidencia en el último informe publicado por Comisiones Obreras sobre el empleo sanitario. De hecho, la privada dobla a la pública en número de trabajadores menores de 35 años, con un 37,6 por ciento frente a un 15,1 por ciento (26,4 por ciento de media entre ambos sectores).
Las personas que trabajan en sanidad son mayoritariamente mujeres para todos los tramos de edad y tanto en el sector público 73,5 por ciento como privado 78,35 por ciento, según publica este documento. Asimismo, en el sector público en el año 2013 se perdió empleo sobre todo en las mujeres entre 16 y 34 años. En los años 2014 y 2015 se produce un estancamiento total, posiblemente derivados de la ausencia de oferta de empleo público y del trasvase generacional de aquellas trabajadoras fijas que pasan al siguiente rango de edad.
Para esos mismos años aquellas que se encuentran entre los 35 y 44 tienen un ligero aumento fruto del paso de rango edad, que vuelve a convertirse en caída para las trabajadoras que se encuentran entre los 45 y 54 años, volviendo a incrementarse ligeramente entre las mayores de 55.
En los hombres la pérdida de empleo es más homogénea entre los distintos rangos de edad siendo la caída en 2013 para todos igual excepto para los mayores de 55 años. En cambio las trabajadoras del sector privado solo han sufrido la pérdida en el año 2013 para aquellas mayores de 55 pero la tendencia es de recuperación de empleo en prácticamente todos los tramos de edad.
Para el sindicato, estos datos son “alarmantes” ya que, exceptuando al personal facultativo, el resto de profesionales que se incorporan al sistema, tanto si se les requiere titulación habilitante como si no, lo hacen en torno a los 22 años de edad únicamente.
Asimismo, y analizando el tramo de mayores de 55 años, el informe concluye que en la pública se podrán jubilar 171.000 trabajadores en los próximo diez años (28,4 por ciento del total), frente a los 35.867 profesionales de la privada (11,8 por ciento del total).
Temporalidad y parcialidad
El documento del sindicato también hace referencia a la temporalidad del sector sanitario, donde se evidencia la brecha que hay entre la pública y la privada. Tanto es así que se producen 1,6 veces más contratos temporales en la sanidad pública (30,48 por ciento) que en la privada (18,52 por ciento). Una marcada diferencia que también se deja ver en la parcialidad de estos puestos de trabajo: se da hasta tres veces más en la privada (21,2 por ciento) que en la pública (7 por ciento).
Para el conjunto del sector, la parcialidad supone solo un 9,84 por ciento. Según Comisiones Obreras, la parcialidad afecta fundamentalmente a las mujeres 23,1 por ciento con 10 puntos de diferencia sobre los hombres 14,2 por ciento y tiene carácter estructural.
En definitiva, tanto la temporalidad como la parcialidad en la contratación son utilizadas como herramientas de gestión en nuestro sector para tener márgenes de flexibilidad que permitan a las empresas tanto públicas como privadas el ajuste y la adaptación a las diferentes y cambiantes situaciones de ritmos de trabajo a turnos, estacionalidad, picos de demanda etc, según destaca este sindicato.
Mejoras en el empleo del sector sanitario
Ante esta situación, Comisiones Obreras ha lanzado una serie de conclusiones. Según este sindicato, el sector sanitario se consolida como un sector claramente feminizado en su conjunto. Esta tendencia pone de manifiesto que como sociedad no estamos avanzando en la eliminación de los roles de género sino todo lo contrario, ya que éstos siguen muy presentes a la hora de escoger profesión, perpetuándose el fenómeno de la segregación ocupacional y sectorial.
Ante este nuevo escenario, se deben abordar varias cuestiones. La primera, la necesidad de profesionales, actuales y futuras ante la importante salida del sector por jubilación en los próximos años.
Asimismo, hay que adecuar las previsiones sobre jubilaciones forzosas del Estatuto Marco a las normas generales establecidas en la Ley General de Seguridad Social; y medir el impacto de género en cualquier medida sobre el empleo, a través de ofertas de empleo público con criterios de agilidad.
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