Las cuentas de la sanidad pública española encadenan cuatro años de estrecheces presupuestarias. Andalucía no ha sido una excepción en esta marea de recortes.
El Gobierno regional presume de haber «blindado» su política sanitaria frente a la espartana agenda de ajustes impuestos desde La Moncloa y aplicados en otras comunidades autónomas con gobiernos de distinto signo político. Un informe de la Consejería de Salud de la Junta sobre la evolución del personal que ha trabajado en los hospitales y centros sanitarios durante los años más duros de la crisis dice lo contrario. Los contratos temporales y a tiempo parcial se ha disparado un 34,2 por ciento desde 2012 hasta agosto de 2015, en paralelo con el desplome récord que ha experimentado el número de funcionarios, sobre todo enfermeros y médicos, en la sanidad pública andaluza.
En la actualidad, la plantilla de los centros sanitarios gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está conformada por 56.476 profesionales de la función pública. Cuatro años de recortes han provocado que haya 5.971 empleados menos (una caída del 9,6 por ciento) con el horizonte laboral resuelto, tras ganar su plaza en unas oposiciones. Buena parte del ahorro presupuestario ha salido del personal. Los datos aportados por el consejero de Salud, Aquilino Alonso, como respuesta a una pregunta del PP, son ilustrativos de cómo la precariedad laboral ha ido comiéndole terreno al empleo más estable en los centros sanitarios.
El SAS cuenta en la actualidad con la plantilla de funcionarios más exigua del último lustro. En el año 2012 había 62.447 funcionarios, que representaban más de dos tercios del personal sanitario. En agosto de 2015, la proporción de funcionarios ha descendido hasta el 63 por ciento, de acuerdo con los datos publicados el pasado miércoles por el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. En esa fecha, los trabajadores dedicados a atender a los enfermos alcanzaban los 88.708 empleados en total, frente a los 90.924 que registraba el SAS hace cuatro años. Las jubilaciones de profesionales durante estos años no se han cubierto y tampoco la mayoría de las bajas.
Los 32.232 empleados restantes se distribuyen entre interinos (13.044) y temporales (19.188), merced a la distinción que hace la Consejería de Salud. En lo que respecta a los segundos, el eslabón más débil de la cadena laboral, se han incrementado en más de un tercio. Los ocho primeros meses de 2015 se saldaron con 4.894 eventuales más trabajando en los hospitales y centros de salud. Los temporales que en 2012 representaban apenas el 15,7 por ciento, suman ahora el 21,6 por ciento del personal.
El descenso en el número de empleados públicos coincide con la entrada en vigor del real decreto ley que el 30 de diciembre de 2011, que se tradujo en la congelación de las ofertas de empleo público, a excepción de servicios básicos como la educación o la sanidad, en los que se permitía que se repusiera un empleado por cada 10 que se jubilaban, fallecían o se daban de baja para siempre.
